Las autoridades españolas desarticularon una organización criminal dedicada presuntamente a explotar laboralmente a mujeres nicaragüenses en Málaga. Las víctimas eran captadas con falsas ofertas de empleo y luego enfrentaban condiciones abusivas mientras cuidaban a personas mayores.
La Policía Nacional realizó la operación en Almargen, donde arrestó a siete personas vinculadas con la red. Además, otra investigación en Alar del Rey, Palencia, permitió desmantelar un grupo que explotaba a migrantes marroquíes en un obrador de pan. En ambos operativos fueron detenidas once personas, dos ingresaron en prisión provisional y dos víctimas fueron liberadas.
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Según la investigación, la organización asentada en Málaga captaba a mujeres en Nicaragua mediante ofertas de trabajo que prometían estabilidad laboral como cuidadoras de adultos mayores en España. Sin embargo, una vez llegaban al país europeo, las condiciones diferían completamente de lo ofrecido.
Las víctimas eran obligadas a permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, por salarios considerados precarios y sin contar con contrato de trabajo, afiliación a la seguridad social, vacaciones o días de descanso.
Mujeres nicaragüenses eran explotadas en Málaga
La Policía Nacional indicó que la principal investigada, una mujer de origen nicaragüense, actuaba como el principal enlace para atraer a las víctimas. Contaba con el apoyo de su pareja, de nacionalidad española, así como de familiares y colaboradores que participaban en diferentes etapas del proceso de captación y traslado.
La investigación determinó que una agencia de viajes ubicada en Managua funcionaba como fachada para facilitar el reclutamiento. En ese lugar, las mujeres recibían instrucciones para superar los controles migratorios, además de la documentación y el dinero necesario para viajar hacia España.
Caen siete por explotar a mujeres nicaragüenses
Una vez en territorio español, las víctimas eran trasladadas a una vivienda en Almargen, propiedad de uno de los principales investigados. Allí permanecían realizando labores domésticas sin recibir remuneración mientras esperaban ser asignadas a un empleo como internas en hogares. Durante ese tiempo, además, debían pagar 200 euros diarios por concepto de alojamiento.
Las autoridades señalaron que varias mujeres intentaron abandonar los trabajos al descubrir las condiciones reales, pero enfrentaban dificultades para regresar a Nicaragua debido a la falta de recursos económicos. La organización les exigía el pago de una supuesta deuda de 5.000 euros, la cual debía cancelarse mediante cuotas mensuales de 350 euros. En caso de abandonar el empleo, el monto aumentaba con una penalización adicional.
La investigación contó con la colaboración del Ayuntamiento y la Policía Local de Almargen, así como de autoridades policiales nicaragüenses a través de Interpol, permitiendo reconstruir el recorrido de las víctimas desde su captación hasta su explotación laboral en España.
De acuerdo con datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), durante 2025 la trata con fines de explotación laboral superó por primera vez a la trata con fines de explotación sexual en número de víctimas detectadas. Las autoridades españolas mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existen más personas afectadas por esta organización.
