Se movían con aparente tranquilidad, convencidos de que nadie les estaba siguiendo los talones. Lo que no sabían era que Código 1 de la Inteligencia Nacional de Nicaragua ya se encontraba tras ellos, cerrando el cerco sobre cada uno de sus movimientos.
La estructura delictiva operaba en la zona norte de Nicaragua, donde ofrecían propiedades públicas y privadas supuestamente “robadas”; respaldándolas con documentación falsa para engañar a sus víctimas y hacer pasar los negocios como legales.
«El testigo código 1, agrupación denominada Los Cusucos, van a acreditar la forma que esta agrupación, la cual consistía en falsificar documentos. En este caso, documentos aval de derechos de posesiones, en el cual se otorgaban a los acusados como a propietarios de dichos bienes y muebles, los cuales son propiedades privadas y propiedades públicas»; detalló la representante del Ministerio Público.
Su modus operandi funcionaba de dos maneras. La primera consistía en elaborar falsos avales de derechos de posesión, atribuidos a supuestas autoridades del Gobierno Territorial Indígena. La segunda, en presentar certificados de cumplimiento de propiedades privadas, presuntamente emitidos por la Procuraduría General de Justicia. Todo formaba parte de un engranaje diseñado para aparentar legalidad y captar compradores.
Investigación de Inteligencia Nacional de Nicaragua
«Posteriormente, su señoría, el otro modus operandi de esta organización estructurada era falsificar documentos públicos emitidos supuestamente por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), denominados certificación de cumplimientos«; señaló el representante de la PGJ.
Sin embargo, la operación se desplomó. El Ministerio Público, en conjunto con la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua, los acusa por los delitos de crimen organizado, falsificación de material, usurpación de funciones públicas, uso de documentos falsos, usurpación de dominio privado y estelionato.
«Las pruebas que son presentadas en contra de él, su señoría, son insuficientes, contradictorias, pero por estrategia de esta defensa no me pronunciaré sobre las mismas con el objetivo de no darle ventaja al Ministerio Público de que haga correcciones materiales en el proceso»; finalizó Ruddy Nieto, abogado defensor de uno de los acusados.
Ahora, los señalados deberán rendir cuentas ante las autoridades judiciales. El caso ya fue elevado a juicio oral y público para el próximo 10 de junio, donde toda la presunta banda delincuencial enfrentará la justicia.
