La misión permanente de la República Islámica de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó una solicitud formal de indemnización contra cinco países de la región; Baréin, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.
Teherán sostiene que estas naciones habrían facilitado y respaldado acciones militares vinculadas a la ofensiva ejecutada por Estados Unidos y la entidad sionista de Israel contra el territorio iraní.
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Asimismo, el embajador de Irán, Amir Saeid Iravan; afirmó que dichos Estados incurrieron en actos internacionalmente ilícitos, violando principios fundamentales del derecho internacional y compromisos de soberanía.
Según la denuncia, esta cooperación indirecta constituye una forma de complicidad que activa la responsabilidad internacional y obliga a la reparación integral de los daños causados.

Irán busca compensación multimillonaria
Además, la exigencia de Irán incluye la compensación total por pérdidas materiales y daños morales derivados de las hostilidades. También, Iravan subrayó que el uso de infraestructuras o recursos logísticos regionales para apoyar operaciones militares externas representa una amenaza directa a la seguridad colectiva; lo que implica responsabilidades legales y financieras para los gobiernos implicados.
A su vez, con esta acción ante la ONU, Irán busca establecer un precedente jurídico sobre la responsabilidad de los Estados que permiten agresiones desde su territorio. La demanda se suma a denuncias previas sobre la influencia externa en Asia Occidental.
Por tanto, la ofensiva iniciada el 28 de febrero dejó miles de víctimas y graves daños a infraestructuras críticas como energía, salud y transporte; afectando la estabilidad interna del país persa.
También, el gobierno de Irán reiteró que continuará utilizando mecanismos multilaterales para documentar los daños; fortalecer su posición diplomática y exigir responsabilidades a nivel internacional.
Finalmente, insistió en que la estabilidad regional depende del respeto al derecho internacional, la no injerencia en asuntos internos y el fin de cualquier apoyo logístico a operaciones militares externas en Asia Occidental según la posición oficial.


















