Instituciones de derechos humanos y la Coordinadora de la Mujer, han denunciado un aumento preocupante de violencia política y acoso contra candidatas en el marco de las elecciones subnacionales en Bolivia, programadas para este domingo 22 de marzo.
El Observatorio de Violencia Política reporta 665 publicaciones hostiles en medios digitales, dirigidas principalmente a 17 aspirantes; evidenciando un patrón sistemático de ataques.
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Según este organismo, la estrategia detrás de estas agresiones busca forzar el retiro de las mujeres de la contienda electoral. Entre las tácticas utilizadas destacan la vulneración de la vida privada de las candidatas y la exposición de imágenes de sus hijos, con el objetivo de desprestigiar su imagen pública.
Además, aunque en Bolivia existe desde hace 12 años una ley que tipifica la violencia política contra la mujer como delito; organizaciones civiles como la Coordinadora de la Mujer denuncian su limitada aplicación.
Violencia política en Bolivia
Tania Sánchez, presidenta de esta entidad, subrayó que estos ataques no son incidentes aislados; sino agresiones sistemáticas que, por la falta de reglamentación, quedan en gran medida impunes.
Candidatas como Toribia Lero en Cochabamba han denunciado ataques basados en su género y condición étnica, mientras Jessica Paola Aguirre, aspirante a subgobernadora en Santa Cruz, denunció la utilización de imágenes de sus hijos; lo que considera un acto especialmente denigrante.
Rocío Molina, postulante a la alcaldía en Cochabamba; ha criticado un cerco mediático impulsado por intereses económicos para desacreditarla.
La situación es crítica, considerando que la ley exige que la mitad de las candidaturas a gobernaciones y municipios sean ocupadas por mujeres, garantizando la paridad.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones de derechos humanos reiteran su llamado a las autoridades para garantizar un entorno seguro y frenar el acoso; protegiendo así la participación política equitativa en Bolivia.
