Una organización legal sin fines de lucro presentó una nueva ofensiva judicial contra la política comercial del presidente Donald Trump, cuestionando la legalidad de un impuesto del 15% aplicado recientemente a las importaciones.
El Liberty Justice Center confirmó que interpuso la demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, en representación de varias compañías que aseguran verse afectadas por los nuevos gravámenes.
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El proceso legal está encabezado por empresas como Burlap & Barrel, dedicada al comercio electrónico de especias, y Basic Fun!, conocida por fabricar juguetes. Ambas compañías ya habían participado en litigios anteriores relacionados con los aranceles de Donald Trump; lo que evidencia que el conflicto comercial sigue generando tensiones entre el sector empresarial y el gobierno federal.
Esta nueva demanda surge poco después de que el Tribunal Supremo invalidara una parte significativa de la estrategia arancelaria previa del mandatario.
Donald Trump bajo presión legal
La corte determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) no otorgaba autoridad suficiente al presidente para imponer tarifas comerciales de manera unilateral. Este fallo debilitó la base legal que había utilizado la administración para justificar las medidas económicas.
Tras esa decisión, la administración de Donald Trump optó por recurrir al Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 para mantener los aranceles. Sin embargo, dicha legislación establece límites claros, indicando que las tarifas no pueden aplicarse indefinidamente sin el consentimiento del Congreso de Estados Unidos, algo que el presidente ha señalado que no solicitará.
BREAKING: LJC has filed a NEW lawsuit challenging the administration’s latest attempt to impose sweeping global tariffs—this time under Section 122 of the Trade Act of 1974—just weeks after SCOTUS struck down the administration’s IEEPA tariffs. pic.twitter.com/ytmZJRHN5g
— Liberty Justice Center (@LJCenter) March 9, 2026
El Liberty Justice Center argumenta que el caso trasciende el interés de las empresas demandantes, ya que pone en juego un principio constitucional clave; ningún presidente puede imponer impuestos a los ciudadanos sin autorización legislativa.
Mientras tanto, el conflicto legal también incluye un tema financiero de gran magnitud. Varias empresas han iniciado solicitudes para recuperar 166 mil millones de dólares pagados en aranceles previamente declarados inválidos por el Tribunal Supremo; lo que podría generar una fuerte presión económica sobre el gobierno federal si los tribunales ordenan reembolsos masivos.
