Un tribunal de República Dominicana condenó este lunes a tres ciudadanos venezolanos a 15 años de prisión por tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y explotación sexual de cuatro mujeres colombianas.
La fiscalía explicó que los responsables captaban a las víctimas con falsas ofertas de trabajo en internet. Luego trasladaban a las mujeres al país caribeño y les imponían deudas de 4,000 dólares. Para pagarlas, las obligaban a ofrecer servicios sexuales.
Los acusados promocionaban a las mujeres en listas digitales enviadas por WhatsApp. En 2024, la fiscalía allanó la vivienda donde operaban y detuvo a los responsables. Durante el operativo, incautaron drogas relacionadas con la explotación de las víctimas.
El tribunal de Santo Domingo aceptó todas las pruebas. Validó los decomisos de drogas y la evidencia de captación y explotación. Los condenados, Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz, Mario José May Mendoza y Jhorman Derek Cortes Solano, permanecieron detenidos desde el año pasado.
Justicia penal dicta sentencia histórica contra tráfico de migrantes
En 2025, República Dominicana subió al Nivel 2 en la lucha internacional contra la trata de personas. Este avance se debe a reformas legales, inspecciones frecuentes y más denuncias. Aun así, la protección de víctimas y la detección de casos de trata laboral siguen siendo insuficientes, según el Informe sobre la Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado de EE. UU.
Entre las mejoras, la Ley 137-03 ya no exige demostrar fuerza, fraude o coacción en casos de explotación sexual infantil. El gobierno también suspendió empresas que empleaban trabajo forzoso y lanzó el Plan de Acción Nacional 2025-2028. Además, creó un programa piloto para registrar formalmente a los trabajadores migrantes, protegiendo su libertad de movimiento.
A pesar de los avances, las autoridades todavía no identifican a todas las víctimas de trata laboral. La falta de documentos de identidad y los servicios limitados aumentan la vulnerabilidad de las personas apátridas. El informe concluye que el Estado debe reforzar la protección de todas las víctimas para cumplir con los estándares internacionales y erradicar la trata de personas.
