La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La medida representa un nuevo intento por impulsar la reconciliación nacional y abrir un ciclo de diálogo político en Venezuela.
El proyecto fue sometido a consulta pública tras su primera discusión parlamentaria, permitiendo incorporar propuestas de diversos sectores sociales y aclarar puntos que generaban dudas.
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Según la exposición de motivos, la normativa busca fortalecer la convivencia pacífica, promover el respeto a la ley y avanzar hacia una coexistencia plural; reconociendo las profundas divisiones que ha enfrentado Venezuela en las últimas décadas.
El texto legal subraya principios como la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, los derechos humanos y el pluralismo político, pilares del Estado democrático y social de derecho en Venezuela.
Amnistía general en Venezuela
No obstante, establece límites precisos: quedan excluidos de la amnistía los crímenes de lesa humanidad, las violaciones graves de derechos humanos, el homicidio intencional, la corrupción y el narcotráfico.
La ley contempla una amnistía general y plena para personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos cometidos entre 1999 y enero de 2026. Incluye hechos vinculados al 11 de abril de 2002, el paro petrolero de 2002-2003 y diversos episodios de conflictividad política ocurridos en años posteriores.
Con su entrada en vigor, las autoridades deberán cesar investigaciones relacionadas con los casos amnistiados y eliminar los registros correspondientes. El Ejecutivo creará mecanismos de seguimiento mediante una comisión especial parlamentaria.
Esta legislación se enmarca en el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, presentado el 23 de enero, y busca consolidar un nuevo momento político en Venezuela basado en el diálogo nacional y la estabilidad institucional.
