El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, afirmó que Pekín respalda firmemente el estatus de América Latina y el Caribe como “zona de paz” y se opone a cualquier acción que viole los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Durante una rueda de prensa, Lin destacó que China rechaza “el uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales” y condena la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de los países latinoamericanos.
Añadió que, independientemente de la evolución de la situación política en Venezuela, China continuará profundizando la cooperación práctica con el país; protegiendo sus intereses legítimos de acuerdo con la ley.
Lin enfatizó que las relaciones entre China y América Latina se basan en “la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo común”, y que la cooperación se caracteriza por la apertura, la inclusión y la reciprocidad. Reafirmó que los países de la región tienen derecho a elegir libremente sus caminos de desarrollo y sus socios estratégicos.

China reafirma su cooperación y apoyo a Venezuela
Además, subrayó la disposición de China a trabajar junto con América Latina para enfrentar desafíos globales y promover el desarrollo mediante la cooperación mutuamente beneficiosa; y a colaborar con la comunidad internacional en la defensa de la Carta de la ONU y la justicia internacional.
La declaración se produce tras la reciente agresión militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero, que concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores; trasladados a Nueva York y recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Caracas calificó la acción como una “gravísima agresión militar” orientada a apoderarse de los recursos estratégicos del país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, advirtió que lo sucedido a Venezuela podría repetirse en otros países.
La comunidad internacional, incluida Rusia, condenó la intervención estadounidense y demandó la liberación de Maduro y su esposa; resaltando el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin interferencias externas.


















