El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó este miércoles la aplicación de un nuevo estado de excepción en nueve provincias y tres municipios, como respuesta al agravamiento de la violencia asociada al crimen organizado en el país.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 277, con el cual el Gobierno busca fortalecer las operaciones de seguridad ante un escenario que; según informes oficiales, no solo persiste sino que se ha expandido territorialmente y ha incrementado su nivel de peligrosidad.
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A pesar de la implementación reiterada de estados de excepción y del despliegue continuo de las fuerzas armadas y policiales, los resultados no han sido los esperados.
Las cifras evidencian que los homicidios y otros delitos de alto impacto continúan en ascenso; lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de una estrategia basada en medidas extraordinarias para frenar el avance de las organizaciones criminales.
Ecuador bajo presión
El decreto señala que reportes técnicos recientes confirman la existencia de una estructura delictiva articulada, que opera mediante corredores logísticos y zonas estratégicas de influencia. Frente a este escenario, el Ejecutivo sostiene que es necesaria una intervención estatal integral, coordinada y focalizada.
El estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días y regirá en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos; además de los municipios de La Maná, Las Naves y Echeandía.
📌 #Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes que golpea directamente a la #niñez. Estructuras criminales reclutan sistemáticamente a niños, niñas y adolescentes, convirtiéndolos en blancos y estrategias de expansión.
🔴 Investigaciones policiales y reportes de… pic.twitter.com/MakNmFbcpO
— teleSUR TV (@teleSURtv) December 22, 2025
En estos territorios se suspenden derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, habilitando allanamientos inmediatos y el acceso a información sensible en operativos contra bandas criminales.
Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un “conflicto armado interno”, declarado por Noboa para intensificar la lucha contra grupos catalogados como terroristas. Sin embargo; el país cerró 2025 con cifras récord de violencia, al registrar 8.847 homicidios hasta el 19 de diciembre.
Informes del ECU-911, así como de los ministerios del Interior y Defensa, alertan sobre un deterioro sostenido de la seguridad, con incrementos alarmantes en provincias como Santa Elena, Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas.
📹 | Al menos 15 personas privadas de libertad mueren por tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral, #Ecuador🇪🇨.
La grave crisis sanitaria carcelaria se agudiza y exige respuestas urgentes sobre las condiciones de vida en estos centros.🎙️#ElenaRodríguez pic.twitter.com/H1v4C5T0kz
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Además, se advierte sobre amenazas directas al funcionamiento institucional, incluyendo ataques e intimidaciones contra funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública.
El Gobierno argumenta que más del 92 % de la violencia nacional y cerca del 83 % de la delincuencia se concentran en las zonas ahora intervenidas, lo que, a su juicio, justifica la adopción de esta nueva medida excepcional.
