El Gobierno de Israel anunció el jueves 1 de enero de 2026 la suspensión de licencias de 37 organizaciones humanitarias internacionales que operan en la Franja de Gaza, intensificando el asedio contra la población palestina.
La medida se sustenta en una ley que obliga a las ONG a entregar a las autoridades israelíes los nombres de sus empleados locales, bajo argumentos de seguridad y transparencia.
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Asimismo, esta decisión coincide con iniciativas de la Knesset para cortar el suministro de agua y electricidad a las oficinas de la UNRWA, reforzando el bloqueo sobre la infraestructura humanitaria de la ONU. Organismos internacionales; incluyendo a Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, alertaron que estas suspensiones agravan la ya crítica situación sanitaria y alimentaria.
Además, el secretario general de la ONU, António Guterres; exigió la revocación inmediata de estas leyes, señalando que afectan la capacidad de respuesta médica en Gaza y vulneran el estatus internacional de la ONU.
Bloqueo total en Gaza
La prohibición de actividades para las ONG representa una nueva fase de la crisis humanitaria, donde la destrucción de la UNRWA y la criminalización de la asistencia social contribuyen al hambre y la falta de atención médica, usados como armas de guerra.
El Centro de Estudios sobre Detenidos de Palestina denunció el incremento de muertes entre prisioneros palestinos por tortura y negligencia médica. Simultáneamente, el asedio militar ha dejado el 80 % de los edificios de Gaza en escombros, desplazando a cientos de miles de familias.
Las cifras oficiales indican 71 266 muertos y 171 222 heridos desde octubre de 2023, reflejando la magnitud de un conflicto que amenaza la vida, la infraestructura y la dignidad del pueblo palestino.
Finalmente, la solución a largo plazo solo será posible mediante el fin de la ocupación y el respeto a la soberanía palestina; cuyo resistencia continúa siendo un símbolo de dignidad frente al imperialismo y el neocolonialismo.
