Desde el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 de Argentina, se resolvió declarar nulo el denominado protocolo antipiquetes, impulsado por la exministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; a través de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad.
El fallo fue dictado el lunes por el juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo promovida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a organizaciones sindicales y de derechos humanos.
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El protocolo había comenzado a aplicarse en diciembre de 2023, cuando Bullrich aún estaba al frente de la cartera de Seguridad. La normativa consideraba delito en flagrancia toda manifestación que interrumpiera el tránsito; habilitando la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar protestas.
Diversas movilizaciones sociales y expresiones colectivas reforzaron los cuestionamientos sobre su inconstitucionalidad, al entender que la medida vulneraba de forma directa el derecho a la protesta, la libertad de expresión, el derecho de petición y el de reunión; todos ellos protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos.
Fin del protocolo antipiquetes en Argentina
En su sentencia, el magistrado remarcó que, bajo la apariencia de un protocolo interno, una resolución ministerial avanzó sobre la regulación de derechos constitucionales; como el derecho a peticionar a las autoridades y el derecho de reunión, los cuales solo pueden ser limitados por una ley del Congreso Nacional.
El CELS sostuvo que el Ministerio de Seguridad actuó como si legislara, restringiendo al máximo la protesta social y excediendo incluso las leyes penales y procesales. Para el organismo, el fallo representa un triunfo colectivo, respaldado por sindicatos, partidos políticos, pueblos indígenas y movimientos sociales.
✅ El juez Martin Cormick hizo lugar a la acción de amparo colectivo presentada por el CELS y declaró la nulidad de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad.
El fallo ratifica que el Gobierno no puede criminalizar la protesta ni restringir derechos constitucionales 👇🏽 pic.twitter.com/9hKWcHtGS1
— ATE Capital (@ATECapitalOk) December 29, 2025
El impacto del esquema quedó reflejado en cifras oficiales del CELS, que registraron 1.399 manifestantes heridos, especialmente durante episodios de represión en marchas de jubilados; donde resultaron afectados trabajadores, periodistas y personas con discapacidad, evidenciando las graves consecuencias del protocolo ahora anulado.
