Un grupo de 252 migrantes venezolanos, rescatados tras un secuestro en El Salvador, celebró la reciente resolución de un juez federal de Estados Unidos que garantiza una audiencia justa; conforme a la ley y los estándares internacionales de derechos humanos.
Los migrantes destacaron que la decisión judicial “reafirma que ningún gobierno, sin importar su origen, está por encima del derecho internacional ni del debido proceso”. Asimismo, señalaron que el fallo “establece un precedente importante para proteger a quienes se ven obligados a abandonar sus hogares por razones económicas; vulnerabilidad o persecución”.
En un comunicado, los venezolanos recordaron la intervención del Gobierno de Venezuela ante organismos internacionales; lo cual permitió visibilizar los abusos y las condiciones sufridas durante su cautiverio. “Confiamos en que esta resolución sea el primer paso hacia una solución justa y humana para nuestra situación y la de millones de inmigrantes en todo el mundo”; concluyeron.
Los venezolanos solicitaron al Gobierno de Estados Unidos la creación de garantías materiales y jurídicas para participar en las audiencias. Pidieron medidas que eviten nuevos riesgos para su integridad física; psicológica y legal.
“Exigimos que se cumpla plenamente la orden judicial y que se nos permita asistir a las audiencias sin poner en riesgo nuestras vidas. Pedimos que cesen las violaciones contra migrantes en EE.UU. y que se garanticen condiciones de retorno dignas; revisión de protocolos de deportación y acogida, y medidas que impidan que estos hechos se repitan”, exigieron.
Venezolanos denuncian torturas
Tras ser rescatados, los 252 venezolanos afirmaron haber sufrido torturas físicas y psicológicas en una cárcel de máxima seguridad salvadoreña. Testimonios directos señalan: “Hubo hambre, humillaciones; disparos con balas de goma, encierro prolongado, amenazas contra nuestras familias y tratos crueles e inhumanos”.
De acuerdo con sus declaraciones, la experiencia fue calificada como un episodio de violación sistemática de derechos humanos; en el cual se habría aplicado un régimen penitenciario excepcional que consideran “ilegal y contrario a los convenios internacionales suscritos por El Salvador”.
Los migrantes señalaron que bajo la aplicación de la llamada “ley de enemigos extranjeros” en Estados Unidos han sido víctimas de detenciones arbitrarias, confiscación de bienes; deportaciones sin causa y tratos discriminatorios; prácticas que vulneran el derecho a solicitar asilo; protección humanitaria o regularización migratoria.
Denunciaron además que la criminalización de la migración venezolana se ha convertido en una política asociada a presiones geopolíticas; más que a procedimientos legales. La representación de los migrantes solicitó apoyo a organizaciones internacionales, defensores de derechos humanos y mecanismos de la ONU; con el fin de asegurar acompañamiento jurídico, reparación y garantías de no repetición.
“Queremos justicia. Queremos ser escuchados. Que esto no quede impune. Que los responsables respondan ante el mundo”; manifestaron.
