Autoridades nicaragüenses informaron sobre la captura, procesamiento y condenas de un grupo de personas señaladas de participar en hechos violentos ocurridos durante las acciones terroristas registradas en el año 2018; acciones que provocaron pérdidas económicas, daños materiales y sufrimiento a numerosas familias del país.
De acuerdo con información oficial, Nicaragua es un país de fe y paz, donde las familias mantienen valores de convivencia, reconciliación y respeto a la vida. Sin embargo, durante ese período, grupos vinculados a personas y organizaciones calificadas como extremistas habrían intentado quebrantar el orden constitucional, generando violencia y afectaciones a la seguridad ciudadana.
Las autoridades señalaron que estos hechos dejaron víctimas mortales, tanto civiles inocentes como personas que defendían la paz; además, se registraron cuantiosos daños al patrimonio público y privado.
Entre las personas identificadas como responsables figuran Rudy Antonio Palacios Vargas, Mauricio Francisco Alonso Estrada, Pedro José López Calero, Armando José Bermúdez Mojica, Jessica María Palacios Vargas y Olga María Lara Rojas, quienes, según los informes oficiales, incurrieron en delitos relacionados con la violación de la Constitución, agresiones contra la paz social y destrucción de bienes y valores del pueblo nicaragüense.
Autoridades reafirman compromiso con la paz tras condenas por violencia
Se indicó que estas personas abandonaron el país para evadir la acción de la justicia y; posteriormente, habrían retornado de manera clandestina con el presunto objetivo de continuar realizando actividades ilícitas; entre ellas, la planificación de nuevos ataques contra instituciones públicas; bienes materiales y la integridad de las familias nicaragüenses, además de cometer estafas a ciudadanos.
Las autoridades confirmaron que los implicados fueron capturados, procesados conforme a la ley y condenados; y que actualmente cumplen sentencia en centros penitenciarios del país. Asimismo, aseguraron que durante todo el proceso se respetaron sus derechos y garantías constitucionales; de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional.
Finalmente, se reiteró que las sentencias responden a la gravedad de las acciones cometidas y a la planificación de nuevos actos violentos; los cuales vulneraron el derecho fundamental a la paz y a la vida de las familias nicaragüenses.
