Bolivia vivió este lunes una jornada marcada por huelgas, marchas y bloqueos en rechazo al Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los hidrocarburos; medida calificada por diversos sectores sociales como un nuevo “gasolinazo” impulsado por el gobierno de Rodrigo Paz.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) lideró una movilización de alcance nacional. Desde tempranas horas; miles de mineros cooperativistas; principalmente provenientes de Potosí y otras regiones del altiplano, se concentraron en la ciudad de El Alto para luego marchar hacia el centro político del país, en La Paz.
Los manifestantes advirtieron que la eliminación del subsidio al diésel eleva de manera drástica los costos de producción y pone en jaque la viabilidad de la pequeña y mediana minería.
Alfredo Uño Villca, dirigente de Fencomin; exigió la derogación inmediata del decreto y demandó al Ejecutivo abrir espacios de diálogo reales con los sectores afectados. Desde cooperativas como Veneros Porco se alertó que el aumento del combustible impacta directamente en el uso de maquinaria pesada, transporte de mineral y operaciones básicas; comprometiendo la estabilidad económica de miles de familias.
Bolivia paralizada por protestas contra el “gasolinazo”
En paralelo, la Organización de Fabriles activó bloqueos en Cochabamba, especialmente en la carretera Blanco Galindo, una vía estratégica que conecta con Oruro y La Paz. Este sector denunció que la normativa fue aprobada sin consulta previa; incumpliendo acuerdos con la Central Obrera Boliviana (COB).
El rechazo social también se sustenta en el impacto inflacionario que genera el incremento del combustible. Los manifestantes alertaron sobre un efecto dominó en los precios de alimentos y servicios básicos; agravando la situación de los sectores más vulnerables.
A estas protestas se sumó el transporte libre en Cochabamba, que paralizó avenidas y anunció la continuidad de las medidas hasta lograr la anulación del decreto. Para los movilizados; la jornada refleja un punto crítico de tensión social y un llamado urgente a revisar la política energética para evitar un deterioro mayor del costo de vida en Bolivia.
