Gran parte del asfalto que cubrió las calles de ciudades como Washington y Nueva York tuvo su origen en Venezuela, extraído por empresas estadounidenses que, durante finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX, operaron bajo concesiones altamente favorables.
Estas compañías aprovecharon condiciones ventajosas para explotar recursos estratégicos del país, en un contexto marcado por la debilidad institucional y la presión extranjera.
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Uno de los episodios más representativos de este proceso comenzó en 1883, cuando el gobierno de Antonio Guzmán Blanco otorgó a la empresa estadounidense New York & Bermudez Company una concesión exclusiva por 25 años para explotar asfalto en el entonces estado Bermúdez, hoy Sucre.
La firma se estableció cerca del lago Guanoco, considerado el mayor lago natural de asfalto del mundo, con una extensión de cuatro kilómetros cuadrados. Para 1886 inició la construcción de sus instalaciones y, apenas dos años después, logró ampliar su concesión por 99 años, comenzando las exportaciones hacia Estados Unidos en 1891.
Cómo EE.UU. «robó» el petróleo de Venezuela
Sin embargo, la empresa incumplió los acuerdos iniciales y se vio envuelta en prolongados conflictos legales con otros concesionarios. Según la Fundación Polar, estas disputas incluyeron presiones políticas, sobornos y gestiones tanto en Venezuela como en EE.UU.
Cuando los tribunales fallaron a favor de otras compañías, la New York & Bermudez responsabilizó al entonces presidente Cipriano Castro y llegó incluso a financiar acciones para desestabilizar su gobierno.
A pesar del escándalo y del respaldo explícito de Washington, la empresa —posteriormente absorbida por General Asphalt Company— continuó operando en Venezuela hasta 1935. Durante ese período, la cesión de concesiones a manos extranjeras se intensificó, muchas veces mediante vacíos legales y contratos poco beneficiosos para el Estado venezolano.
El modelo se replicó posteriormente con la explotación petrolera. Aunque desde mediados del siglo XIX existían normativas que reconocían la propiedad nacional del subsuelo, las leyes mineras y petroleras permitieron gravámenes mínimos y concesiones extensas.
Este patrón se mantuvo hasta la nacionalización petrolera
Entre 1917 y 1936, Venezuela recibió apenas una fracción de los ingresos generados por su petróleo, pese al volumen extraordinario de producción.
Autores como Juan Pablo Pérez Alfonso y Orlando Araujo documentaron cómo los intereses de las transnacionales, especialmente estadounidenses, influyeron decisivamente en la política económica venezolana. Este patrón se mantuvo hasta la nacionalización petrolera de 1975 y fue objeto de tensiones recurrentes cada vez que el Estado intentó aumentar su participación en la renta petrolera.
La promulgación de la Ley de Hidrocarburos en 2001, durante el gobierno de Hugo Chávez, marcó un nuevo punto de quiebre al reafirmar la soberanía del Estado sobre PDVSA. No obstante, pocos meses después, se produjo un intento de golpe de Estado, que diversos analistas vinculan con los intereses afectados por estos cambios estructurales.
Esta historia refleja cómo la riqueza venezolana fue, durante décadas, objeto de disputas, presiones externas y decisiones políticas que condicionaron el desarrollo del país.
