El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sancionó a Airbnb con más de 64 millones de euros. La multa responde a varias infracciones graves. Entre ellas, la publicación de alojamientos turísticos sin licencia. La sanción ya es firme tras resolverse el recurso de la empresa.
Además, esta penalización es la segunda más alta impuesta en España. Solo la supera la multa a Ryanair por el cobro ilegal del equipaje de mano. Con esta decisión, el Ministerio refuerza su autoridad. El control del mercado de la vivienda sigue siendo prioritario.
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El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, valoró la medida de forma positiva. Señaló que demuestra la eficacia de la actuación pública. Según explicó, ninguna empresa puede eludir la ley. Especialmente cuando existe una supervisión firme.
Por otro lado, Airbnb deberá asumir más obligaciones. La plataforma tendrá que eliminar más de 65.000 anuncios irregulares. También deberá corregir los incumplimientos detectados. Además, estará obligada a hacer pública la sanción recibida.
España castiga prácticas abusivas de Airbnb
Entre las prácticas sancionadas figuran varias irregularidades. Se publicaron viviendas sin licencia válida. También se detectaron números de registro incorrectos. A esto se suma publicidad engañosa sobre los anfitriones.
Asimismo, el importe de la multa no es arbitrario. Corresponde a seis veces el beneficio ilícito obtenido. El cálculo se basa en el tiempo que los anuncios siguieron activos. Esto ocurrió tras el apercibimiento oficial.
🔴 Bustinduy, sobre la multa a Airbnb con 64 millones de euros por anunciar viviendas turísticas sin licencia: "Cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún actor económico puede eludir sus obligaciones" https://t.co/Bt6P1jUz1y pic.twitter.com/Ok3JvVz4SA
— elDiario.es (@eldiarioes) December 15, 2025
Finalmente, el Ministerio mantiene otros expedientes abiertos. Varias agencias inmobiliarias están bajo investigación. Recientemente, Alquiler Seguro fue multada con 3,6 millones de euros. La sanción se debió a comisiones ilegales y servicios forzados.
