La Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem; anunció que la Administración Trump ampliará la lista de países con restricciones de viaje como parte de una estrategia destinada a evitar el ingreso de posibles terroristas al país.
Inicialmente, esta medida afectaba a ciudadanos de 12 naciones, pero ahora se extenderá a 32 países; mientras la administración analiza incluir otros territorios considerados de alto riesgo por supuestos motivos de seguridad.
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Esta decisión ha sido interpretada por críticos como un nuevo episodio de criminalización de la emigración, en lugar de abordar las causas internas de la creciente violencia y descomposición social dentro de Estados Unidos.
El anuncio, realizado por Noem la víspera, tendrá un impacto significativo en inmigrantes, turistas, estudiantes y empresarios; debido a la falta de información confiable sobre los gobiernos que EE.UU. considera inestables.
La nueva política de Trump
En paralelo, el presidente Trump ordenó la revisión de todas las solicitudes de asilo, reforzando las políticas migratorias implementadas meses atrás; que ya incluían la prohibición de ingreso para ciudadanos de 12 países y restricciones adicionales para otros siete, considerados epicentros de amenazas hacia Estados Unidos.
El Departamento de Estado vinculó la ampliación de estas restricciones al reciente ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional en la capital estadounidense.
Además, la administración ha incrementado las redadas federales y las detenciones de migrantes en situación irregular en importantes ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Chicago, Nueva Orleans y Minneapolis-St. Paul; generando un aumento en la tensión social y críticas de organizaciones de derechos humanos.
Con estas medidas, la Administración Trump busca proyectar una imagen de mano dura en seguridad; mientras expertos y activistas alertan sobre sus implicaciones en los derechos humanos, la libertad de movimiento y la integración de inmigrantes en la sociedad estadounidense.
