Más de un millar de trabajadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos fueron despedidos en medio del cierre del Gobierno federal, que ya cumple 12 días.
La Administración ha utilizado el cierre como justificación para los recortes, mientras el vicepresidente JD Vance advirtió: “Cuanto más se prolongue esto, más profundos serán los recortes”.
La decisión de cesar a personal esencial en la prevención de enfermedades curables ha generado un fuerte impacto sanitario y político; dejando a la principal agencia de salud pública del país en una situación de profunda incertidumbre operativa.
Fuentes internas de los CDC aseguran que los despidos van más allá de la necesidad de incorporar “sangre nueva”, como había expresado el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Funcionarios cercanos a la agencia indicaron a medios que “a la Administración del presidente Donald Trump no le gustó que los datos de los CDC no respaldaran su narrativa, así que los despidió”.
Trabajadores de los CDC son despedidos
Entre el personal cesado se encuentran responsables de programas de respuesta al aumento de casos de sarampión, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Esta pérdida de especialistas amenaza con comprometer la capacidad de reacción frente a futuros brotes y al resurgimiento de enfermedades prevenibles.
El cierre parcial del Gobierno también ha complicado el acceso a información esencial para los despedidos; impidiendo responder correos o gestionar consultas sobre indemnizaciones y procesos administrativos.
Expertos en salud califican la medida como “un golpe a la infraestructura de prevención” del país; advirtiendo que los despidos masivos durante la parálisis gubernamental crean un escenario sin precedentes, justo cuando Estados Unidos enfrenta la amenaza latente de crisis epidemiológicas.
Fuentes cercanas al Departamento de Salud indican que la reestructuración podría extenderse a otras agencias federales de investigación médica; dejando a los CDC con menos personal y un clima de desconfianza que dificultará mantener la protección sanitaria nacional con recursos humanos mínimos.
