En la noche del 25 de julio de 2025, cuatro personas fueron asesinadas y dos resultaron heridas en un ataque armado ocurrido en la vereda El Salado, en la zona rural del municipio de La Plata, departamento del Huila, Colombia.
Un grupo de al menos ocho hombres armados, que se movilizaban en una camioneta y dos motocicletas; irrumpió en una cancha de fútbol donde varias personas departían y abrió fuego de forma indiscriminada, según versiones de la Policía local.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Wilson Arley Delgado Úsuga, Kevin Denilson Quiguazú Rosero, Édgar Mauricio Yasno Caldón y Jesús Humberto Andrade Cuéllar; mientras que los heridos—Héctor Quisacue y Luis Alberto Ramírez—fueron trasladados al Hospital San Antonio de Padua en La Plata para recibir atención médica.
Este hecho eleva a cuarenta el número de masacres registradas en Colombia en lo que va del año, según el conteo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La Defensoría del Pueblo había activado la Alerta Temprana 025 / 22 en esta región del Huila debido al riesgo generado por la expansión de la disidencia de las antiguas FARC‑EP; conocida como Columna Móvil Dagoberto Ramos, la cual opera desde el occidente del Cauca hacia el noroccidente del Huila.
Presumen vínculo de disidencias FARC en emboscada a civiles en Huila
En el territorio también se reporta presencia del frente Hernando González Acosta (del Bloque Central Isaías Pardo) y estructuras en tránsito vinculadas a la Segunda Marquetalia, lo que evidencia la competencia territorial entre grupos armados ilegales en la región. Las autoridades, incluyendo Ejército y Policía, mantienen operaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del ataque.
Esta tragedia se suma a otros episodios recientes de violencia en el Huila: tan solo cinco días antes, el 20 de julio, tres personas fueron asesinadas en el municipio cercano de Timaná; en un nuevo hecho que también fue catalogado como masacre por Indepaz. La cadena de violencia subraya la urgente demanda de protección estatal y justicia en una zona azotada por el conflicto armado.
